Durante el período fiscal 2014, la empresa contribuyente realizó préstamos a cinco compañías vinculadas por un total de ₡340.711.313,31, registrados en cuentas por cobrar a empresas relacionadas. La Administración Tributaria detectó que, al cierre del mismo período fiscal, los saldos disponibles eran significativamente inferiores: el saldo en cuentas bancarias según certificaciones de las entidades financieras era de apenas ₡2.888.785,54; el saldo en efectivo y bancos según el Balance de Comprobación era de ₡7.429.090,92; y el Estado de Flujo de Efectivo presentado mostraba un efectivo al cierre de ₡4.444.142,00. Bajo ese contexto, la auditoría fiscal aplicó la presunción legal establecida en el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, requiriendo a la contribuyente justificar el origen del dinero utilizado para realizar las transferencias bancarias a sus contrapartes vinculadas.
